Por: Redacción
Durante su comparecencia en Hidalgo, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, precisó que ninguno de los exfuncionarios detenidos ha señalado directamente al exgobernador Omar Fayad Meneses dentro del proceso conocido como Estafa Siniestra.
Bardales explicó que, hasta ahora, la responsabilidad recae principalmente en el exoficial mayor y el excontralor, quienes firmaron contratos y autorizaciones vinculadas al desvío de recursos públicos.
El contralor detalló que el exoficial mayor fue quien aprobó la adquisición de tres helicópteros que nunca ingresaron al patrimonio del estado. Además, indicó que este mismo exfuncionario instruyó que los 116 millones de pesos devueltos por una aseguradora, correspondientes al seguro catastrófico, fueran entregados a una empresa privada en lugar del gobierno estatal, lo que lo coloca como responsable directo en este y otros casos.
Respecto al excontralor, Bardales señaló que las investigaciones detectaron contrataciones irregulares superiores a 200 millones de pesos, lo que sustenta las denuncias penales en su contra.
El funcionario informó que la Estafa Siniestra dejó un desvío total estimado en 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales se han logrado recuperar 475 millones en bienes y recursos, aunque la cifra podría aumentar debido a procesos aún en curso.
Hasta ahora, se han presentado 95 denuncias penales, involucrando a 10 alcaldes, de los cuales cinco han sido detenidos. Sobre el excontralor, recordó que continúa con ficha roja de Interpol, tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, y se trabaja con autoridades de México y Estados Unidos para garantizar su regreso al estado y enfrentar la justicia.
En cuanto al exgobernador Omar Fayad, Bardales reiteró que no existe ningún señalamiento directo ni pruebas que vinculen su participación, por lo que no procede ninguna acción legal en su contra. Subrayó que llamar a comparecer sin fundamentos abriría la puerta a amparos y podría debilitar los procesos judiciales.
Finalmente, recalcó que en Hidalgo “no hay pactos ni impunidad”, y que las investigaciones seguirán dirigidas a quienes firmaron, autorizaron y ejecutaron las acciones irregulares. “En este caso no se presume, se demuestra”, afirmó.
