Redacción
Una fuerte controversia sacude a la Escuela Primaria “Héroes de Chapultepec”, ubicada en la colonia Santa María La Calera, Mineral de la Reforma, luego de que padres de familia denunciaran presuntas irregularidades financieras, abuso de funciones, hostigamiento y posible conflicto de interés dentro de la institución educativa.
La denuncia fue presentada a través de un oficio dirigido a Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo (cuya copia obra en manos de este medio). Además, señala al director del plantel, Gerardo Burgos Ramírez, así como a personal de Participación Social de la SEPH. El documento cuenta con el respaldo de decenas de padres de familia.
Uno de los puntos que más indignación ha generado entre madres y padres es la declaración atribuida textualmente a la representante de Participación Social de la SEPH, Erika Quebrado, quien durante una reunión habría manifestado:
“Si con el dinero de la mesa directiva la Asociación quería comprar un carro, no había ningún problema”.
La frase fue señalada por los padres de familia denunciantes como una expresión “sumamente irresponsable e ilegal”, acusando que con ello se minimiza el manejo de recursos pertenecientes a 355 padres de familia y se normalizan posibles actos fuera de la normativa. Dicha afirmación quedó grabada en audio y obra en manos de los denunciantes.
Además, el escrito acusa al director Gerardo Burgos Ramírez de actuar con total indiferencia ante las solicitudes de transparencia y de permitir presuntas irregularidades dentro del manejo financiero de la asociación escolar. Incluso se le señala por supuestamente avalar proveedores relacionados con familiares de integrantes de la mesa directiva, lo que podría representar un conflicto de interés.
Los padres de familia también afirman que la tesorera a sido víctima de presión institucional, reuniones “a puerta cerrada”, intentos de censura en grupos de WhatsApp de padres de familia y maniobras para impedir la difusión de información financiera relacionada con cuotas y gastos escolares.
Otro de los señalamientos más delicados es la supuesta negativa de funcionarios de la SEPH para levantar actas oficiales durante reuniones relacionadas con el conflicto, dejando —según la denuncia— toda la documentación en manos de integrantes de la propia mesa directiva.
Ante la situación, los padres de familia solicitan formalmente “una auditoría externa integral”, así como garantías para realizar una asamblea general con los 355 padres de familia, docentes y comunidad escolar, con el objetivo de transparentar el manejo de recursos y aclarar públicamente las acusaciones.
Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido una postura pública sobre los hechos denunciados
