Redacción
En la sesión ordinaria 200, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del grupo legislativo del PRI, presentó la iniciativa que modifica el Código Penal para el Estado de Hidalgo, la cual busca que cuando la naturaleza del delito lo permita, la autoridad judicial privilegiará que el trabajo a favor de la comunidad se ejecute a través de actividades, programas, capacitaciones o talleres orientados directamente a la prevención, concientización o disminución del delito cometido, así como a la reparación del tejido social afectado.
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que la propuesta busca que, cuando la naturaleza del delito lo permita, la autoridad judicial privilegie que el trabajo comunitario se realice mediante actividades, programas, capacitaciones o talleres directamente relacionados con la conducta infractora, orientados a prevenir su reincidencia, fomentar la reflexión y contribuir a la reparación del tejido social.
La iniciativa precisa que el uso del término “privilegiará” brinda flexibilidad a las y los jueces para que, en aquellos municipios donde no existan programas especializados, puedan recurrir al servicio comunitario tradicional, garantizando la aplicación de la sanción sin limitar su facultad de decisión.
Asimismo, contempla que la autoridad penitenciaria o la instancia encargada de la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso coordine esfuerzos con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas especializados que fortalezcan el cumplimiento de estas medidas.
Entre las acciones que podrán implementarse se encuentran: programas de educación integral y seguridad vial, prevención y erradicación de la violencia de género, cultura de la legalidad, salud pública, prevención de adicciones, protección al medio ambiente y cualquier otra materia vinculada con la conducta que originó la sanción, garantizando un impacto pedagógico, restaurativo y de reinserción para las personas sentenciadas.
En su mensaje, el diputado destacó que esta reforma representa un cambio estructural en el modelo punitivo del estado, al transitar de un esquema centrado únicamente en el castigo hacia uno que privilegie la educación, concientización y reinserción social.
Señaló que, en la actualidad, el servicio comunitario suele consistir en actividades genéricas que, si bien representan una forma de reparación, no necesariamente generan un aprendizaje relacionado con la conducta cometida. Como ejemplo, mencionó que una persona sancionada por una infracción vial puede realizar labores de limpieza sin adquirir conocimientos sobre seguridad vial, o que tareas de mantenimiento urbano difícilmente contribuyen a prevenir conductas de violencia de género.
Por ello, la propuesta incorpora los principios de especialización e idoneidad, con el objetivo de que las sanciones respondan a una lógica educativa y restaurativa, permitiendo que las personas infractoras desarrollen conocimientos y habilidades que favorezcan un cambio de conducta y reduzcan el riesgo de reincidencia.
La iniciativa se sustenta en tres ejes fundamentales: la prevención especial para atender las causas que originan la conducta delictiva; la justicia restaurativa, orientada a reparar de manera integral el daño ocasionado al tejido social; y la aplicación de sanciones con un componente educativo y de concientización.
Además, especificó que la implementación de esta reforma no generará un impacto presupuestal adicional para el estado, ya que su operación podrá realizarse mediante convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, aprovechando la infraestructura y los programas ya existentes.
Finalmente, hizo un llamado a construir una política criminal más humana, eficiente e inteligente, que privilegie la transformación de las personas mediante acciones que favorezcan su reinserción social y contribuyan a fortalecer la convivencia y el bienestar de la sociedad hidalguense.
