Redacción
En sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Andrés Velázquez Vázquez dio la bienvenida a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mónica Patricia Mixtega Trejo, quien compareció ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como parte del procedimiento relativo al cuarto informe del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En su mensaje, el legislador consideró que la protección del agua, el suelo, el aire y los ecosistemas es una responsabilidad compartida para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la educación ambiental, la participación ciudadana y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, a fin de prevenir la contaminación, atender las necesidades de las comunidades y construir soluciones sostenibles que contribuyan al desarrollo responsable y a la conservación del patrimonio natural de Hidalgo.
En su intervención, la secretaria presentó los avances en restauración forestal, prevención de incendios, manejo de residuos y recuperación de cuerpos de agua, como parte de la política ambiental impulsada en la entidad.
Dentro de los logros más destacados, la funcionaria informó los siguientes:
- La donación de más de 4.5 millones de plantas nativas en los 84 municipios.
- La dispersión de 19 millones de semillas para restaurar aproximadamente 19 mil hectáreas.
- Los 26.4 millones de pesos destinados al saneamiento forestal del Parque Nacional El Chico, el cual se reforestó con 60 mil oyameles.
- La prevención de incendios mediante equipamiento y brigadas rurales.
- En la recuperación de cuerpos de agua, se atendieron más de 4 mil 800 hectáreas afectadas por maleza acuática.
- La autorización de 33.67 millones de pesos para ampliar los trabajos en la presa Endhó.
- La inversión en infraestructura para el manejo de residuos.
- La conservación del jaguar con tecnología de monitoreo satelital.
- El reforzamiento y la vigilancia ambiental mediante 307 inspecciones, la atención de 228 denuncias, 48 clausuras y 67 multas.
En sesión de preguntas y respuestas, el diputado Avelino Tovar Iglesias (PVEM) reconoció los avances en el retiro del lirio acuático de la presa Endhó y la inversión estatal de más de 33 millones de pesos para adquirir cuatro trituradoras. Cuestionó cuándo comenzarán a operar, cuál es la meta y el plazo para eliminar el lirio, y cómo se coordinarán el gobierno estatal, la Conagua y las comunidades para evitar que vuelva a proliferar.
La titular aseguró que la problemática histórica de la presa se atiende mediante el trabajo conjunto del estado, la federación y los municipios. “Al inicio de la administración se recibieron cuatro máquinas, de las cuales solo una funcionaba; tras el mantenimiento mayor realizado en 2024, actualmente operan tres. La estrategia estatal consiste en triturar y retriturar el lirio acuático, mientras que la federación contempla su extracción mediante maquinaria especializada. Según los estudios mencionados, la trituración de fragmentos menores a una pulgada evitaría su regeneración. Actualmente, el lirio cubre el 67% del cuerpo de agua, por lo que se solicitaron cuatro máquinas adicionales para ampliar los resultados y complementar las labores de extracción”, precisó.
El legislador solicitó información sobre las alternativas y los plazos para la disposición final de residuos en la región de Tula, tras el cierre del relleno sanitario regional; el futuro del predio de Siete Mezquites y las medidas para garantizar su seguridad ambiental; así como el seguimiento, en coordinación con Conagua, a la calidad del agua de los manantiales de Cerro Colorado y la publicación de los resultados para brindar certeza a las familias de la región.
La secretaria compartió que la dependencia autorizó el impacto ambiental del relleno sanitario de Siete Mezquites, en Tula de Allende, tras la evaluación de siete estudios técnicos. Sin embargo, el proyecto quedó suspendido debido al rechazo social y a que no se concluyó su construcción, por lo que no pudo avanzar a la etapa de operación. Como alternativas para la disposición final de residuos, indicó que se han propuesto tres predios: uno por la empresa que trabaja en El Huixmí, otro por un integrante del grupo inconforme y uno más por un ejido.
La diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) pidió conocer la situación actual del relleno sanitario de El Huixmí y su vida útil restante para continuar brindando servicio a la zona metropolitana de Pachuca, considerando que el año anterior se informó sobre la habilitación de dos nuevas celdas con una capacidad estimada para operar entre uno y año y medio más.
La funcionaria compartió que los rellenos sanitarios de El Huixmí cuentan con dos celdas cuya vida útil estimada es de uno a un año y medio, dependiendo del volumen de residuos recibidos. Recordó que la zona metropolitana de Pachuca genera alrededor de 600 toneladas diarias y recibe residuos de entre 14 y 16 municipios. Asimismo, señaló que el municipio de Pachuca trabaja en la actualización de su ordenamiento ecológico territorial para habilitar nuevas áreas destinadas a infraestructura de disposición final de residuos.
La legisladora requirió precisar la vida útil restante del relleno sanitario y plantear alternativas para la disposición final de los residuos mientras se concreta la construcción de nueva infraestructura en el municipio de Pachuca.
La titular aseguró que el ordenamiento ecológico de Pachuca está avanzado y se espera su próxima aprobación por el cabildo, lo que permitiría considerar proyectos para construir un nuevo relleno sanitario. Asimismo, indicó que los municipios que actualmente depositan sus residuos en Pachuca también pueden presentar proyectos para contar con rellenos sanitarios propios.
La diputada María del Rosario Guerrero Martínez (Morena) solicitó informar en qué puntos del río Amajac se tomaron muestras para evaluar la calidad del agua tras las denuncias de comunidades por cambios en su consistencia y olor, qué seguimiento se ha dado a los resultados y qué acuerdos existen con los prestadores de servicios turísticos de la cuenca para prevenir la contaminación derivada del turismo, la agricultura y las descargas.
La secretaría indicó que Semarnath, en coordinación con la CEEA y Conagua, realizó muestreos de agua en Chapulhuacán y Tepehuacán de Guerrero tras las denuncias de contaminación del río Amajac, sin detectar los contaminantes señalados en esa ocasión. Asimismo, aseveró que se mantienen mesas de trabajo para realizar muestreos trimestrales y tomar las medidas correspondientes en caso de identificar contaminantes.
La legisladora solicitó información sobre los avances en la atención a las denuncias de posibles vertidos de jales mineros con arsénico y cianuro en una barranca, que podrían afectar la calidad del agua y la salud del ganado que la consume.
La funcionaria se comprometió a realizar las gestiones y coordinaciones correspondientes para obtener la información y hacerla llegar posteriormente a la diputada.
La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) pidió conocer la intervención de la dependencia en la evaluación y seguimiento de los proyectos fotovoltaicos en Hidalgo, así como la valoración de sus posibles impactos sobre la vegetación, la biodiversidad, el agua, la recarga de acuíferos y las actividades agrícolas. Asimismo, preguntó cuántos municipios cuentan con programas de ordenamiento ecológico local vigentes y actualizados, cuáles carecen de ellos, qué calendario existe para su elaboración o actualización y cómo se garantiza que estos instrumentos regulen el crecimiento urbano y los proyectos inmobiliarios, de infraestructura y energía.
La titular precisó que la evaluación de impacto ambiental de los proyectos fotovoltaicos corresponde al ámbito federal, mientras que el estado verifica su compatibilidad con los ordenamientos ecológicos territoriales. Informó que recientemente se canceló un proyecto por ser incompatible con el ordenamiento vigente y que cualquier cambio de uso de suelo requiere un trámite federal. Además, indicó que se trabaja en 29 ordenamientos ecológicos municipales, 16 financiados por el estado, varios de ellos en etapa avanzada y próximos a consulta para su entrada en vigor.
La legisladora cuestionó si la secretaría cuenta con estudios comparativos que permitan determinar qué proporción de la contaminación atmosférica en Hidalgo proviene de la pirotecnia de espectáculo, si existe evidencia científica de que representa una fuente importante de contaminación a gran escala y si es necesario distinguir sus emisiones temporales de las generadas de manera permanente por otras actividades.
La secretaria indicó que la pirotecnia es de regulación federal y que el sistema estatal de monitoreo ha registrado índices elevados de contaminación que pueden afectar la salud. Añadió que la autorización de estas prácticas corresponde a los municipios y destacó la importancia de generar conciencia entre las autoridades municipales para reducirlas o eliminarlas.
La diputada María Guadalupe Cruz Montaño (PVEM) preguntó cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales existen en Hidalgo, cuántas operan efectivamente y cuántas cumplen con las normas de calidad. También cuestionó qué acciones de coordinación y rehabilitación se realizan con autoridades municipales y federales, qué presupuesto se destina, cuáles son los municipios prioritarios y qué metas tiene el gobierno estatal para ampliar el tratamiento y evitar la contaminación de ríos y otros cuerpos de agua.
La funcionaria resumió que Hidalgo cuenta con 464 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 233 operan conforme a la normativa. “El gobierno estatal destina recursos a la rehabilitación de las instalaciones que aún pueden recuperarse. Además, ha establecido convenios con Pemex y CFE para aprovechar la capacidad disponible de sus plantas, incrementar el volumen de agua tratada y fomentar su reutilización, ante las dificultades económicas que enfrentan los municipios para mantenerlas en operación”, mencionó.
La legisladora preguntó qué criterios se utilizan para priorizar la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales y si se contempla atender las instalaciones fuera de servicio en Huejutla, San Felipe Orizatlán y Jaltocán.
La titular aseveró que se priorizan las obras según las necesidades de cada municipio, el número y la antigüedad de las plantas, así como su viabilidad técnica. Confirmó que se contempla la rehabilitación de plantas en Huejutla y San Felipe Orizatlán, aunque están sujetas a un orden de prioridad y a que los municipios cuenten con expedientes técnicos completos y realicen las gestiones correspondientes.
La diputada Karla Perales Arrieta (MC) solicitó conocer el estatus de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 107, colindante con el Parque Ecológico Cubitos, y las medidas para garantizar la conservación del Cerro de Cubitos ante la posible construcción de Viviendas del Bienestar. Asimismo, preguntó si se autorizarán desarrollos habitacionales en la zona, qué opiniones técnicas ha emitido la secretaría, en qué polígono se proyecta construir y qué estudios ambientales, de disponibilidad de agua y de riesgos deberán cumplirse antes de otorgar cualquier autorización.
La secretaria informó que la UGA 704 está catalogada como zona de conservación en el ordenamiento estatal, pero el municipio la dividió en cuatro unidades, incluida la UGA 107, destinada a considerar asentamientos humanos. Tanto la Secretaría estatal como la federal se oponen al cambio de uso de suelo por los posibles efectos sobre los servicios ecosistémicos y la infiltración de agua. No obstante, aclaró que el proyecto de Viviendas del Bienestar se ubica fuera de dicha UGA, en una zona compatible con asentamientos humanos, por lo que el estado no puede comprometerse a impedir su autorización.
La legisladora pidió precisar qué municipio con alto riesgo de inundación o escasez de agua recibió medidas financiadas por el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, así como los indicadores que permitirán evaluar si dichas acciones redujeron el riesgo.
La funcionaria recordó que el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático no se actualizaba desde 2013 y actualmente se encuentra en proceso de actualización para establecer responsabilidades y acciones transversales entre los distintos sectores. Aclaró que aún no se han asignado recursos a proyectos específicos derivados del programa, por lo que no es posible realizar comparaciones sobre la reducción de riesgos.
La diputada Alma Rosa Elías Paso (Morena) requirió conocer los mecanismos de coordinación entre la Semarnath y Conagua para supervisar y clausurar industrias de competencia local que realizan descargas clandestinas en la zona de Tula, en el marco del saneamiento del río Tula y la presa Endhó. Asimismo, preguntó si se aplican multas a los municipios por la saturación de los rellenos sanitarios, cuál es el costo por tonelada de residuos y qué medidas deben implementar para reducir a largo plazo los impactos económicos y ambientales de su manejo.
La titular señaló que Conagua es la autoridad competente para atender las descargas de aguas residuales a cuerpos de agua, por lo que la Semarnat estatal remite las denuncias y da seguimiento. Precisó que, aunque parte de la contaminación proviene de la Ciudad de México y el Estado de México, Hidalgo también contribuye. Por ello, se buscará que Pemex y CFE traten y reutilicen el agua residual. Respecto a las multas, explicó que corresponde aplicarlas a Conagua, mientras que la Proespa da seguimiento a las denuncias dentro de sus atribuciones.
El legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) pidió la intervención de la secretaría ante la posible contaminación del manantial de Cerro Colorado, mediante estudios de calidad del agua, reparación de la infraestructura de contención y restablecimiento del sistema de cloración, debido al riesgo para el abastecimiento de agua potable de aproximadamente 300 mil personas. Asimismo, solicitó aclarar si algún representante vecinal propuso un predio alternativo para el relleno sanitario de Siete Mezquites, quién realizó los estudios técnicos, cuál es el estatus actual del proyecto y si existe la posibilidad de que obtenga los permisos para operar.
La secretaria se comprometió a realizar una visita conjunta para monitorear los pozos de agua potable y evaluar la calidad del agua. Sobre el relleno sanitario, señaló que es necesario impulsar soluciones regionales que permitan tratar más de 600 toneladas de residuos y recuperar materiales valorizables. Aclaró que se propuso un predio de 3.48 hectáreas en el ejido de Xitejé de Zapata, en Tula, cuya viabilidad fue revisada preliminarmente. Entre las observaciones identificadas están la presencia de líneas eléctricas de alta tensión, vegetación forestal, un ducto de Pemex cercano y asentamientos humanos.
El legislador pidió informar la fecha concreta de llegada de las máquinas para retirar el lirio acuático de la presa Endhó, coordinar con la autoridad federal su envío y precisar si se contempla la fumigación aérea, ante las afectaciones por la proliferación de moscos y las condiciones que enfrentan las familias ribereñas. También propuso impulsar plantas de separación de residuos mediante inversión privada e internacional como alternativa a los rellenos sanitarios.
La funcionaria compartió que los estudios para nuevos rellenos sanitarios deben ser realizados por las empresas o los municipios promotores y destacó la necesidad de avanzar hacia plantas de separación y valorización de residuos, como las contempladas en el Parque de Economía Circular. Añadió que los proyectos deben socializarse para informar a la ciudadanía y atender sus inquietudes.
Respecto a la presa Endhó, explicó que la adquisición de maquinaria depende de los procesos de licitación y fabricación que pueden tardar aproximadamente tres meses.
El diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) solicitó información sobre las acciones emprendidas tras la operación irregular del predio de Siete Mezquites, incluyendo si existe un procedimiento sancionador, contra quién se inició y en qué etapa se encuentra. Además, preguntó qué determinó la inspección respecto a los residuos depositados, las responsabilidades de los involucrados y si se han realizado estudios para evaluar las posibles afectaciones ambientales causadas.
La titular comunicó que se inició un procedimiento sancionador contra la empresa Marsacot y el municipio de Tula por depositar residuos en Siete Mezquites antes de concluir la construcción y obtener autorización para operar. El municipio retiró los residuos y dos inspecciones confirmaron su retiro; además, se programó una nueva visita de verificación. Según la opinión técnica de Conagua, no existía riesgo de contaminación de los manantiales por la dirección del flujo del agua subterránea. Aclaró que el predio permanece suspendido y no puede recibir residuos ni utilizarse como relleno sanitario o tiradero a cielo abierto.
El legislador preguntó qué medidas e indicadores utiliza la dependencia para evaluar y reducir la contaminación en la región Tula-Tepeji, si existen estudios que relacionen los contaminantes con enfermedades como insuficiencia renal y cáncer, y si se ha emitido una opinión técnica sobre la iniciativa para declarar zonas ambientales de atención prioritaria y destinar mayores recursos a su saneamiento.
La secretaria explicó que en la región de Tula opera un sistema de monitoreo atmosférico para identificar variaciones en la contaminación y orientar medidas preventivas para la población. Asimismo, reiteró que Tula está declarada zona de restauración ambiental y que está pendiente la publicación de un programa de acciones, retrasado por una solicitud de consulta indígena. Actualmente se realizan mesas de trabajo para definir las responsabilidades y acciones que corresponden al estado, la federación y los municipios.
La diputada Paloma Barragán Santos (Morena) solicitó información sobre los avances desde 2023 para establecer una solución regional al manejo y disposición final de residuos sólidos en la Huasteca hidalguense, particularmente en Huejutla. También cuestionó qué recursos se han destinado, cuáles son los obstáculos que han impedido concretar el proyecto y si existe actualmente una propuesta viable con presupuesto y plazos definidos para resolver esta problemática.
La funcionaria informó que en la región existen propuestas de predios para establecer infraestructura de disposición final de residuos, cuya viabilidad está en evaluación. Comentó que la responsabilidad de proponer los terrenos, socializar los proyectos y asignar presupuesto corresponde a los municipios, mientras que el estado verifica su compatibilidad con el ordenamiento ecológico territorial.
La legisladora pidió precisar qué municipios de la Huasteca participan formalmente en el proyecto regional de manejo y disposición final de residuos sólidos, si se incorporarán Huautla, Huazalingo, Jaltocán y Xochiatipan, y qué acompañamiento técnico e institucional ofrece la secretaría.
La titular reiteró que corresponde a los ayuntamientos elaborar y financiar el proyecto ejecutivo del relleno sanitario, incluyendo su superficie, celdas, obras complementarias y zonas de amortiguamiento. “La secretaría ofrece asesoría y mesas de trabajo, pero solo podrá evaluar y, en su caso, autorizar el impacto ambiental cuando el municipio presente los estudios y el proyecto completo”, dijo.
La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) solicitó conocer los resultados verificables de las acciones para proteger el Cerro de Cubitos y atender los pasivos ambientales de Tula, así como las medidas, responsables y plazos para garantizar la efectividad de los ordenamientos ecológicos. También, aclarar si el proyecto del relleno sanitario de Siete Mezquites está suspendido o cancelado y si podría recibir autorización.
La secretaria confirmó que el relleno sanitario de Siete Mezquites permanece suspendido. Sobre los programas de ordenamiento ecológico, explicó que los municipios sin uno propio se rigen por el estatal y que la dependencia brinda asesoría y realiza observaciones. Respecto al Cerro del Zopilote, señaló que la secretaría estatal y la federal han exhortado al municipio a restablecer la clasificación de conservación de la zona, aunque la decisión corresponde al ayuntamiento.
La legisladora pidió conocer los resultados de la estación automática de monitoreo atmosférico instalada en Mineral de la Reforma, con una inversión de 6.1 millones de pesos, y cómo contribuye a identificar fuentes de contaminación y proteger la salud de la población. Además, preguntó si el gobierno estatal contempla destinar presupuesto para rehabilitar y poner en operación las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran fuera de servicio.
La funcionaria informó que la administración estatal ha destinado recursos para rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales; algunas ya operan, mientras que otras no pueden recuperarse por su estado. Respecto a la estación de monitoreo atmosférico, señaló que los registros indican que el 59 por ciento del tiempo se ha tenido buena calidad del aire.
El diputado Arturo Gómez Canales (Morena) solicitó informar qué porcentaje de la superficie forestal afectada por la plaga del gusano descortezador, particularmente en el Parque Nacional El Chico y municipios aledaños, ha sido restaurado, así como si continuará la donación de árboles en los próximos años para recuperar las áreas dañadas.
La titular reiteró que se intervinieron aproximadamente 250 hectáreas del Parque Nacional El Chico para combatir el gusano descortezador, con el apoyo de siete universidades, y que fue necesario retirar más de 23 mil árboles afectados. Posteriormente, se reforestó la zona con más de 60 mil oyameles. Compartió que, mediante un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se gestionaron 2 millones de plantas para Hidalgo.
El legislador Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) requirió conocer las estrategias de la secretaría para fortalecer la prevención de incendios forestales en las regiones de mayor riesgo, mediante la participación coordinada de comunidades, ejidos y autoridades municipales. Asimismo, preguntó qué mecanismos de seguimiento se implementan para garantizar la restauración efectiva y duradera de los ecosistemas afectados por los incendios forestales.
La secretaria precisó que los incendios forestales disminuyeron de 179 en 2024 a 120 en 2026. Subrayó que la dependencia trabaja coordinadamente con Sedena, Conafor, los municipios y Protección Civil en acciones preventivas y de atención. Entre las medidas destacan la veda del fuego de febrero a junio, las capacitaciones en regiones de mayor riesgo y la construcción de brechas cortafuegos, que alcanzaron 79 kilómetros en 2026 hasta septiembre, para reducir la propagación de incendios y proteger los ecosistemas.
El diputado preguntó con qué dependencia, subdirección o subsecretaría de la dependencia se puede acudir para solicitar árboles para reforestación.
La funcionaria aseguró que la secretaría continúa produciendo plantas en cuatro viveros estatales y apoyando las reforestaciones mediante evaluaciones técnicas de los predios, selección de especies adecuadas y acompañamiento de brigadas para mejorar la supervivencia de los árboles plantados.
El legislador José Luis Rodríguez Higareda (Morena) expresó preocupación por la discrepancia entre las cifras oficiales y los testimonios ciudadanos sobre la extensión del lirio acuático en la presa Endhó, así como por el aumento de mosquitos en comunidades aledañas.
La titular reconoció que las quejas ciudadanas por la situación son legítimas y explicó que la trituración del lirio se suspendió durante aproximadamente cuatro meses por una estrategia federal, pero se reanudó a petición de la población. Aclaró que la maquinaria federal es para extraer el lirio, mientras que las cuatro máquinas solicitadas por el gobierno estatal son trituradoras.
El diputado preguntó por los avances en la modernización de la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos mediante el ciclo combinado para reducir las emisiones contaminantes.
La secretaria indicó que es un asunto federal, con medidas en seguimiento y evaluación por parte de Semarnat federal.
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó cuál es el estatus legal y ambiental del proyecto habitacional Villas de Sahagún, de 410 departamentos, incluyendo el resultado del citatorio, posibles sanciones o suspensión de obras y la existencia de una manifestación de impacto ambiental autorizada, y qué acciones realiza la secretaría para apoyar a los municipios con rellenos sanitarios suspendidos, particularmente en La Misión y Chapulhuacán, y qué alternativas ofrece para reducir los costos de trasladar residuos hasta San Luis Potosí.
La funcionaria informó que el proyecto de 410 viviendas del Bienestar en Ciudad Sahagún, Tepeapulco, ya cuenta con autorización de impacto ambiental, tras un requerimiento derivado de las denuncias ciudadanas. Respecto al relleno sanitario de La Misión, señaló que cuenta con la infraestructura necesaria, pero continúa un procedimiento federal relacionado con el cambio de uso de suelo forestal del camino de acceso.
En Chapulhuacán, explicó que la falta de un predio viable obliga a trasladar los residuos a San Luis Potosí. Propuso buscar soluciones regionales entre municipios, aunque reconoció que la geografía y las distancias de la Sierra dificultan su implementación.
La diputada solicitó detallar los 13 proyectos de inversión ambiental reportados, que suman más de 74 millones de pesos, especificando su nombre, monto individual y porcentaje de avance o estatus operativo. También, pidió aclarar cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales existen y cuántas funcionan efectivamente, ante las diferencias entre cifras oficiales, así como precisar si existe un proyecto de economía circular, dónde se instalaría y cuál es su estado actual.
La titular precisó que los más de 74 millones de pesos corresponden a 13 proyectos de inversión ambiental, entre ellos la adquisición de maquinaria y equipo para combatir el lirio acuático en la presa Endhó, el mejoramiento de viveros, el saneamiento del Parque Nacional El Chico por el gusano descortezador, la protección de áreas naturales, el equipamiento de brigadas contra incendios forestales y la modernización de estaciones de monitoreo de la calidad del aire. También mencionó la compra de una cosechadora en 2025 y la adquisición prevista de cuatro trituradoras para 2027.
El legislador Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) requirió informar sobre el cumplimiento de las medidas correctivas y la reparación del daño ambiental impuestas al municipio de Actopan por irregularidades en su sitio de disposición final de residuos sólidos. También preguntó qué inspecciones ha realizado la dependencia, qué requisitos debe cumplir el municipio para establecer una alternativa viable, cuál es el estado actual del expediente y qué obligaciones, responsabilidades y plazos siguen pendientes, considerando la posibilidad de crear un relleno sanitario regional.
La secretaria precisó que el municipio de Actopan fue multado con 117 mil 100 pesos y obligado a sanear el sitio utilizado como estación de transferencia de residuos. Compartió que, de 12 predios propuestos, seis fueron considerados viables para un relleno sanitario, pero el municipio no presentó proyectos ejecutivos ni estudios de impacto ambiental para obtener la autorización. Actualmente, Actopan traslada sus residuos a Pachuca. La secretaria indicó que, aunque se han propuesto distintos terrenos, la falta de proyectos formales impide avanzar hacia una solución definitiva.
El diputado cuestionó si la secretaría puede clausurar el sitio de disposición de residuos de Actopan, debido a que opera desde hace más de tres años sin cumplir adecuadamente con la normativa ambiental y representa un posible riesgo sanitario para las familias.
La funcionaria comunicó que solicitó a la presidenta municipal de Actopan un plan de clausura y saneamiento del sitio de disposición de residuos. Subrayó que la dependencia ha impuesto multas por más de 4 millones de pesos por irregularidades ambientales y brinda acompañamiento a los municipios para regularizarse. Sin embargo, aclaró que corresponde a los ayuntamientos elaborar los estudios y proyectos ejecutivos necesarios para obtener las autorizaciones y resolver el manejo de sus residuos.
Participación ciudadana
En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía preguntó por qué persisten las largas esperas y la falta de citas para la verificación vehicular y qué medidas se implementarán para agilizar el trámite y mejorar el servicio.
La titular explicó que existe un sistema de citas disponible durante todo el mes y que las intermitencias se deben a mejoras en la plataforma. Señaló que las filas se generan porque algunos usuarios acuden sin cita previa, retrasando a quienes sí la tienen, por lo que exhortó a realizar las citas con anticipación.
La sociedad cuestionó cuál fue la observación detectada en el proceso de saneamiento del Parque Nacional El Chico y cómo se utilizaron los recursos destinados a estos trabajos.
La secretaria declaró que la observación fue de carácter documental, relacionada con el contrato, y que ya fue subsanada. Mencionó que, debido a la urgencia de atender el gusano descortezador, se realizó una adjudicación directa y el contrato se formalizó de manera retroactiva, conforme a lo permitido por la ley.
La ciudadanía cuestionó qué acciones se realizan para combatir la tala clandestina en Acaxochitlán, Huasca, Agua Blanca y Tenango de Doria, cuántos operativos se han efectuado y qué resultados y sanciones se han obtenido.
La funcionaria comunicó que la tala clandestina es competencia federal. Indicó que las denuncias recibidas por la Secretaría se han remitido a la Profepa y a la Conafor para su atención.
Finalmente, la sociedad preguntó cómo se realizaron construcciones presuntamente ilegales dentro del Parque Nacional El Chico y qué acciones tomará la dependencia para prevenir nuevas invasiones.
La titular expuso que se realizan operativos coordinados entre autoridades federales y estatales para detener las construcciones irregulares. Puntualizó que algunas obras continuaron pese a los sellos de clausura, lo que ha motivado nuevas denuncias. Actualmente, se busca regularizar las construcciones existentes y evitar nuevas invasiones mediante un comité de seguridad interinstitucional.
