Redacción
El legislador Leonel Perusquía Muedano (PRD) presentó la propuesta de acuerdo económico que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo y a los 84 municipios a fortalecer las acciones de vigilancia, control y captura focalizada de murciélago hematófago.
El diputado explicó que las mordeduras de dicho murciélago constituyen uno de los principales factores que favorecen la presencia y propagación del gusano barrenador, representando un riesgo inmediato para la sanidad pecuaria, el patrimonio de las y los productores ganaderos y para la estabilidad económica de diversas regiones del estado.
Asuntos generales
Vigilancia en descargas de aguas residuales
Las y los diputados Aldo Meza Hernández, Andrés Velázquez Vázquez, Yarabi González Martínez, José Luis Rodríguez Higareda, Julián Nochebuena Hernández (Morena), Mónica Leanett Reyes Martínez y Juana Olivia Alarcón Rivera (Nueva Alianza) propusieron el acuerdo económico que exhorta a los 84 municipios a fortalecer las acciones de vigilancia, reporte y coadyuvancia respecto de las descargas de aguas residuales asociadas a actividades industriales, particularmente en los sistemas de drenaje y alcantarillado de su competencia.
Acceso efectivo a servicios de salud sexual
La legisladora Karla Perales Arrieta (MC) presentó la propuesta de acuerdo económico que exhorta la Secretaría de Salud de Hidalgo a garantizar la efectiva coordinación interinstitucional con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos para asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva conforme al marco jurídico vigente.
Garantía de funcionamiento en planta tratadora de Apan
El diputado Avelino Tovar Iglesias (PVEM) propuso el acuerdo económico que exhorta a diversas autoridades a informar, rehabilitar y garantizar el funcionamiento de la planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Apan.
Iniciativas
Promoción del valor de la justicia
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) presentó la iniciativa que reforma la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, la cual busca introducir en el texto legal que la promoción del valor de la justicia, observancia de la ley y de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, cultura de la legalidad, inclusión y no discriminación, cultura de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos, es fundamental en la formación de los educandos hidalguenses.
Mociones parlamentarias
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) propuso la iniciativa que modifica la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Hidalgo, con el objetivo de establecer un marco normativo claro, preciso y actualizado que regule el derecho de las y los diputados a formular mociones parlamentarias, elevándolo expresamente como uno de sus derechos en la Ley Orgánica y detallando sus tipos y procedimiento en el reglamento.
Correcciones para leyes de ingresos
Las y los legisladores Miguel Ángel Moreno Zamora, Hilda Miranda Miranda, Lizbeth lraís Ordaz Islas, Paloma Barragán Santos, Alma Rosa Elías Paso, Diana Rangel Zúñiga, Andrés Velázquez Vázquez, Arturo Gómez Canales, Juan Pablo Escalante Urbán (Morena), Jorge Argüelles Salazar y José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) presentaron la iniciativa que modifica la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con el propósito de corregir las inconsistencias terminológicas y funcionales existentes en materia de iniciativas de leyes de ingresos municipales, estableciendo una distribución clara de competencias y etapas del proceso, a fin de dotar de certeza jurídica, orden procedimental y coherencia al sistema normativo.
Política de desarrollo social
El diputado Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) propuso la iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la eficacia, coherencia y transparencia de la política de desarrollo social, mediante la incorporación de criterios que permitan una mejor articulación entre los distintos órdenes de gobierno y una toma de decisiones sustentada en información verificable.
