Por: José Antonio Alcaraz Suárez
El titular de la Contraloría del Estado de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, informó que la vigilancia de la obra pública y el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales son actualmente dos de las principales prioridades del gobierno estatal.
Durante una conferencia de prensa del Gobierno de Hidalgo, el funcionario reveló que en los tres años y medio de la actual administración ya se han supervisado más de 11 mil obras públicas en los 84 municipios del estado, gracias al trabajo conjunto entre la Contraloría y miles de ciudadanos integrados en comités de Contraloría Social.
“Hoy los cascos amarillos y chalecos amarillos son una constante en todo Hidalgo”, destacó Bardales Ramírez al explicar que existen actualmente 7 mil 663 comités de Contraloría Social conformados por más de 33 mil 700 hidalguenses que participan activamente en la vigilancia de las obras públicas.
Además, detalló que Hidalgo cuenta con un laboratorio especializado de inspección y control de calidad con 32 certificaciones internacionales, 50 máquinas y capacidad para realizar 30 tipos de pruebas técnicas en distintas especialidades, lo que permite garantizar que las obras se ejecuten correctamente.
El contralor señaló que actualmente las obras correspondientes al ejercicio 2025 avanzan en su etapa final de construcción, aunque algunas regiones registraron afectaciones por las lluvias.
Por otra parte, lanzó un fuerte llamado a todos los servidores públicos para cumplir con la presentación de su declaración patrimonial durante este mes de mayo.
Explicó que este año cerca de 120 mil servidores públicos de Hidalgo realizan el trámite en un sistema único estatal, algo que antes se hacía en distintos sistemas separados.
El funcionario informó que en la primera semana de mayo ya se registra un avance del 25% en las declaraciones patrimoniales y confió en alcanzar nuevamente un cumplimiento superior al 99% al cierre del mes.
Sin embargo, advirtió que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones severas.
“Llevamos en esta administración 172 inhabilitaciones por no cumplir con las declaraciones patrimoniales”, reveló el titular de la Contraloría, al explicar que las sanciones pueden ir desde cuatro meses hasta un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Bardales Ramírez subrayó que presentar la declaración patrimonial no es opcional, pues permite vigilar la evolución del patrimonio de los funcionarios, detectar posibles conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana.
“El objetivo es que informen de manera clara y verificable la evolución de su patrimonio, ingresos, bienes y situación económica para prevenir actos de corrupción”, puntualizó.
Finalmente, aseguró que la actual administración estatal se ha distinguido por cumplir en tiempo y forma con este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
