En sesión ordinaria, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Andrés Velázquez Vázquez dio la bienvenida al secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, quien compareció ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como parte del procedimiento relativo al cuarto informe del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En su mensaje, el legislador recalcó la importancia de una política social cercana a las familias, que garantice la inclusión, el acceso a oportunidades y la entrega oportuna de apoyos a los sectores vulnerables. Asimismo, consideró necesario fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el Poder Legislativo, para conocer los avances, atender los retos pendientes y consolidar acciones que contribuyan al bienestar de las y los hidalguenses.
En su intervención, el secretario indicó que la Sebiso manifestó el interés de una política social enfocada en atender las necesidades de grupos vulnerables, quienes ven en el gobierno un aliado para mejorar sus condiciones de vida y transformarlas a un futuro prometedor.
Dentro de los logros más destacados, el funcionario informó los siguientes:
- Ampliación de programas sociales: triplicó las acciones de atención social, al pasar de cuatro a 12 programas.
- Atención a comunidades marginadas: llevó apoyos a localidades de difícil acceso que históricamente no habían recibido atención directa de titulares del gobierno estatal.
- Apoyo a familias cuidadoras: duplicó de 5 a 10 millones de pesos el presupuesto para personas que cuidan a familiares con discapacidad múltiple permanente, beneficiando a 950 familias.
- Inclusión de la comunidad LGBTTTI: destinó 5 millones de pesos al programa Desarrollo Inclusivo, en beneficio de 291 personas, con acciones en salud, derechos humanos y desarrollo económico.
- Combate a la pobreza: mediante el programa Bienestar y Desarrollo, benefició a 38 mil personas en situación de pobreza y alta marginación, con una inversión de 400 millones de pesos.
- Apoyo a madres trabajadoras: entregó 12 mil 300 apoyos económicos para contribuir a que las mujeres continúen sus estudios o empleos mientras atienden las responsabilidades de maternidad.
- Impulso al sector artesanal: destinó 1.5 millones de pesos al fomento artesanal y otorgó apoyos de 10 mil pesos a mil 425 artesanas y artesanos para fortalecer su actividad productiva.
- Atención a personas migrantes: invirtió 5 millones de pesos en proyectos productivos, apoyos para personas en retorno y actividades culturales en el extranjero. Además, brindó asesoría y acompañamiento a más de 900 personas migrantes y sus familias.
- Desarrollo de las juventudes: destinó 6.2 millones de pesos a capacitación, financiamiento de emprendimientos y programas como Titúlate, Embajadores de la Juventud y Transformando Emprendedores.
- Bienestar de las personas adultas mayores: invirtió 37.7 millones de pesos en remodelación, equipamiento y operación de Centros Gerontológicos y Casas de Día, además de entregar 3 mil 522 apoyos funcionales para favorecer su movilidad e independencia.
- Atención territorial directa: mediante las 27 Casas del Pueblo, acercó programas y servicios de distintas dependencias estatales a más de 214 mil personas.
Sesión de preguntas y respuestas
En sesión de preguntas y respuestas, la diputada Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) solicitó fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social y el Congreso. Asimismo, reconoció la labor de las y los Servidores del Pueblo durante la atención a emergencias y preguntó cuántas personas integran este equipo, qué capacitación o certificaciones reciben en temas de discapacidad, migración y juventudes.
El secretario explicó que las distintas direcciones de la Sebiso mantienen una coordinación permanente con organizaciones sociales y grupos vulnerables, incluyendo personas cuidadoras, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI y migrantes. Destacó la participación de personal de Atención al Migrante en un encuentro de más de 10 mil personas en California y señaló que las propuestas de estas organizaciones se incorporan a los ajustes de las reglas de operación de los programas sociales, con el objetivo de facilitar el acceso a los apoyos y mejorar el uso de los recursos públicos.
La diputada María del Rosario Guerrero Martínez (Morena) expresó su preocupación por la reducción del presupuesto destinado a la atención de migrantes, que pasó de 6.9 a 5 millones de pesos, ante el número de hidalguenses deportados y las dificultades para acceder a los apoyos, especialmente en la Sierra Gorda.
El funcionario reconoció que el presupuesto para la atención a migrantes se redujo a 5 millones de pesos y expresó su expectativa de que aumente en 2027, debido a las necesidades del sector. Comunicó que, hasta septiembre de 2026, Hidalgo registró 4 mil 687 personas migrantes deportadas, de las cuales 4 mil 418 son hombres y 269 mujeres. Asimismo, aseguró que se restablecieron los servicios de traslado de migrantes fallecidos a sus lugares de origen.
La legisladora pidió fortalecer la comunicación sobre las fechas, los requisitos y los mecanismos de acceso a los programas sociales, especialmente Bienestar y Desarrollo, para orientar oportunamente a las personas que solicitan estos apoyos.
El titular se comprometió a fortalecer la coordinación con las diputadas y los diputados, así como el trabajo territorial, para brindar información oportuna sobre los programas sociales y garantizar que la población interesada pueda inscribirse.
La diputada Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena) preguntó si la dependencia estaría dispuesta a impulsar, en coordinación con el Ejecutivo y el Congreso, una propuesta para reconocer constitucionalmente programas como los apoyos para madres trabajadoras y personas cuidadoras o con discapacidad.
El secretario manifestó su respaldo a analizar reformas constitucionales para garantizar la continuidad de los programas sociales en Hidalgo. Explicó que la normativa actual dificulta la creación de un padrón único de personas beneficiarias y señaló que sería necesario impulsar una iniciativa legislativa para estudiar los cambios correspondientes.
La legisladora cuestionó qué resultados medibles ha obtenido la dependencia en el combate a la pobreza, si existe una evaluación que permita distinguir el impacto de los apoyos estatales frente a los programas federales y otros factores económicos, y cuáles son las metas e indicadores verificables para reducir la pobreza moderada y extrema en Hidalgo durante los próximos ejercicios fiscales.
El funcionario compartió que la Sebiso prioriza los apoyos mediante criterios de focalización basados en información del Inegi, dirigiéndolos a las comunidades con mayor vulnerabilidad y rezago. Como ejemplo, destacó las visitas a Tlamaya, en Metztitlán, para registrar beneficiarios y entregar tarjetas del programa Bienestar y Desarrollo. Asimismo, indicó que la reducción de la pobreza depende de la combinación de recursos estatales y federales, así como de las remesas.
La diputada Marlen Yareni Trejo Pérez (Nueva Alianza) preguntó cuál es la inversión destinada a proyectos de fomento artesanal y desarrollo productivo para mujeres en los municipios de la Comarca Minera y el Altiplano, así como cuántos de estos proyectos reciben seguimiento técnico para garantizar ingresos sostenibles y mejorar las condiciones económicas de sus familias.
El titular dijo que el programa de apoyo a personas artesanas contó con un presupuesto de 15 millones de pesos en 2026 y benefició a mil 425 personas. Reconoció que la mayoría de los apoyos se concentra en la Huasteca, el Valle del Mezquital y la región Otomí-Tepehua, mientras que en la Comarca Minera y zonas cercanas la participación es menor.
La legisladora cuestionó si la secretaría cuenta con una estrategia o plan de trabajo para incrementar las inscripciones al programa de apoyo artesanal en los municipios con baja participación.
El secretario confirmó que la Sebiso realiza visitas de campo a los talleres artesanales para diagnosticar sus necesidades y, posteriormente, verificar y validar la información mediante los Servidores del Pueblo. Mencionó que, para 2027, se priorizará la atención en regiones con baja participación, incluida la Comarca Minera.
La diputada María Guadalupe Cruz Montaño (PVEM) preguntó qué programas ha fortalecido la Sebiso para garantizar el bienestar y el envejecimiento digno de las personas adultas mayores. También solicitó cifras sobre las personas beneficiadas con apoyos alimentarios, económicos y atención integral, además de información sobre las mejoras en casas de día y espacios de convivencia, y las acciones para prevenir el maltrato y el abandono, así como proteger sus derechos humanos.
El funcionario detalló que la atención a las personas adultas mayores se brinda mediante 18 centros gerontológicos y cuatro casas de día, donde se ofrecen servicios de salud, atención dental y gerontológica, así como alimentación. Precisó que este año se destinaron 25 millones de pesos a infraestructura y rehabilitación, y subrayó los avances en la construcción del centro gerontológico de Huejutla, que se encuentra en su tercera etapa, y el de Zapotlán, próximo a concluirse.
La legisladora requirió información sobre las acciones realizadas por la Sebiso para cumplir el exhorto aprobado en marzo de 2026, relativo a identificar inmuebles públicos fuera de servicio que puedan habilitarse como centros gerontológicos o casas de día. Además, preguntó si ya existe un diagnóstico sobre los espacios viables y cuántos podrían acondicionarse próximamente para ampliar la atención y convivencia de las personas adultas mayores, especialmente en la Huasteca.
El titular indicó que ampliar los centros gerontológicos y las casas de día requiere coordinación entre la Sebiso, el DIF estatal y municipal, así como los ayuntamientos, además de trámites como el cambio de uso de suelo y la regularización de terrenos para invertir recursos públicos. Se comprometió a verificar con el instituto correspondiente el avance del diagnóstico de inmuebles disponibles para informar cuántos podrían habilitarse para atender a las personas adultas mayores.
La diputada Karla Perales Arrieta (MC) preguntó si la Sebiso considera necesario incorporar una cláusula de neutralidad política en los programas sociales para evitar su uso con fines partidistas o electorales. Asimismo, pidió conocer el estado de instalación y funcionamiento del Sistema Estatal de Promoción, Desarrollo, Participación y Salvaguarda de los Derechos de las Personas Jóvenes, las razones de su posible retraso y la fecha prevista para su puesta en marcha, a fin de garantizar la participación institucional de las juventudes hidalguenses.
El secretario afirmó que los programas sociales establecen que los apoyos no deben utilizarse con fines políticos y que son derechos que deben entregarse sin condicionamientos. Señaló que se reforzarán las medidas de neutralidad ante el proceso electoral de 2027, durante el cual se suspenderá la operación de los programas conforme a la normativa. Respecto al sistema estatal de juventudes, reconoció la necesidad de concretar su instalación y propuso como fecha el 30 de octubre para abordar los temas pendientes relacionados con la participación y los derechos de las personas jóvenes.
La legisladora cuestionó los tiempos de entrega y la cobertura de los apoyos otorgados a familias afectadas por las contingencias climáticas de 2025, especialmente aquellas con niñas y niños. Precisó que en municipios como Huehuetla algunas comunidades alejadas aún esperan recibir ayuda y preguntó cuántas familias siguen pendientes de atención, así como si se realizarán nuevas jornadas de entrega para beneficiar a quienes no fueron considerados.
El funcionario compartió que la Sebiso atendió a cerca de mil 500 personas beneficiarias en la zona norte de Huehuetla mediante acciones directas que evitaron gastos de traslado estimados entre 600 mil y 800 mil pesos. Aseveró que los apoyos entregados en los municipios afectados por la vaguada monzónica cuentan con seguimiento y revisión puntual.
El diputado Leonel Perusquía Muedano (PRD) expresó su preocupación por las familias cuidadoras de personas con discapacidad o que requieren asistencia permanente, particularmente en la Sierra y la Huasteca hidalguense, cuyos integrantes se registraron en el programa de apoyo, cumplieron los requisitos, pero no fueron seleccionados como beneficiarios. Por ello, solicitó aclarar los criterios de selección, establecer mecanismos para revisar las solicitudes rechazadas e informar sobre la próxima entrega de tarjetas, así como las alternativas para que las familias en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder al apoyo.
El titular comunicó que el programa de apoyo a personas cuidadoras recibió más de 6 mil solicitudes, pero cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos para beneficiar a 950 personas. Compartió que la selección se basa en criterios de focalización, priorización, elegibilidad y selección, considerando principalmente el certificado médico y la gravedad y el tipo de discapacidad.
El legislador Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) manifestó su preocupación por el posible condicionamiento de los programas sociales con fines políticos o electorales. Por ello, preguntó quién es responsable de resguardar los padrones de beneficiarios, qué medidas protegen los datos personales y qué garantías existen para evitar que esta información sea utilizada con fines electorales.
El secretario aseguró que ningún apoyo social debe condicionarse por motivos políticos o electorales y afirmó que la dependencia actuará con cuidado ante el próximo proceso electoral. Especificó que los padrones de beneficiarios se publican trimestralmente en el portal de transparencia, mientras que los datos personales más sensibles permanecen bajo resguardo de la dependencia, que es responsable de protegerlos y evitar su uso indebido.
El diputado pidió reforzar la imagen institucional durante la entrega de apoyos sociales para evitar que sean utilizados como moneda de cambio político. Además, planteó la necesidad de dar seguimiento a las personas beneficiarias del programa de apoyo a cuidadores, mediante su vinculación con otros programas de capacitación laboral, emprendimiento, cooperativas y coordinación con otras secretarías.
El funcionario reiteró que informa a las personas beneficiarias que los apoyos sociales no deben condicionarse ni utilizarse con fines electorales y subrayó la importancia de proteger los padrones ante el próximo proceso electoral. Sobre el programa de personas cuidadoras, precisó que se realizan entregas de tarjetas a domicilio para quienes no pueden trasladarse y que la dependencia da seguimiento a sus necesidades, incluida la vinculación laboral de personas con discapacidad, mediante la atención directa y el trabajo de la dirección correspondiente.
El legislador Julián Nochebuena Hernández (Morena) cuestionó los criterios que utiliza la dependencia para determinar la compatibilidad entre programas, ante la restricción de recibir más de un apoyo estatal durante el mismo ejercicio fiscal, y cómo se evita que las familias con múltiples condiciones de vulnerabilidad tengan que elegir entre los beneficios que necesitan.
El titular explicó que la Sebiso realiza cruces de padrones y verificaciones antes de aprobar los apoyos, con el propósito de evitar duplicidades y distribuir los recursos entre más familias. Mencionó que, cuando una persona solicita varios programas estatales, se evalúa su elegibilidad y se prioriza aquel en el que cumple los criterios establecidos, aunque existen excepciones para casos especiales de vulnerabilidad.
La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) preguntó qué mecanismos aplica la dependencia para evitar que los servidores públicos condicionen los apoyos a la asistencia a eventos o al respaldo partidista, así como si existen denuncias y qué seguimiento reciben. Además, cuestionó los criterios de selección del programa para personas cuidadoras, que benefició a menos de mil personas, y solicitó claridad sobre sus reglas de operación, los mecanismos de acceso y la posibilidad de crear un padrón estatal que reconozca a quienes realizan labores de cuidado.
El secretario indicó que la Sebiso combate la difusión de convocatorias falsas sobre programas sociales y precisó que la información oficial sobre inscripciones y entrega de apoyos se publica únicamente en sus canales institucionales. Asimismo, exhortó a presentar denuncias ante las autoridades competentes en caso de irregularidades y reiteró que los apoyos no deben condicionarse con fines electorales. Respecto al programa de personas cuidadoras, informó que actualmente beneficia a 950 personas: 850 mujeres y 100 hombres, seleccionados entre más de 6 mil solicitantes mediante los criterios de focalización, priorización, elegibilidad y selección establecidos en las reglas de operación.
La legisladora preguntó si concluyó el cruce de padrones de los programas sociales y cuáles fueron sus resultados para ampliar el acceso a los apoyos. También solicitó información sobre los avances del registro voluntario de personas migrantes, los mecanismos de coordinación para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, explotación y discriminación, así como los protocolos de supervisión del personal. Expresó su preocupación por el posible uso político de los programas sociales por parte de funcionarios con aspiraciones electorales, particularmente en la Dirección de Atención al Migrante.
El funcionario aseguró que ya concluyó el cruce de padrones y que la compatibilidad de apoyos se revisa conforme a las reglas de operación de cada programa, con algunas excepciones para permitir la continuidad de proyectos. En materia migratoria, destacó la vinculación con organizaciones y personas migrantes, así como la atención a deportados y el apoyo para su traslado a Hidalgo. Enfatizó que los funcionarios con aspiraciones electorales deben separarse de sus cargos y que quienes tienen dichas aspiraciones dentro de la secretaría ya han renunciado.
El diputado Arturo Gómez Canales (Morena) cuestionó qué mecanismos de seguimiento y evaluación implementa la secretaría para verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas de emprendimiento y fomento artesanal.
El titular informó que la Sebiso realiza verificaciones de campo en los talleres artesanales para comprobar que las personas solicitantes sean verdaderas creadoras y no revendedoras. Estas visitas son efectuadas por los Servidores del Pueblo, quienes reciben capacitación para revisar y validar la información. Asimismo, destacó la vinculación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) para ofrecer capacitación, mejorar técnicas de elaboración y facilitar el acceso a nuevos programas.
La legisladora Hilda Miranda Miranda (PRD) preguntó qué estrategia implementará la Sebiso para ampliar la cobertura de los programas sociales en zonas urbanas, particularmente en Mineral de la Reforma, ante el crecimiento de colonias y fraccionamientos y la persistencia de la pobreza en las ciudades, con énfasis en la atención a los grupos más vulnerables.
El secretario compartió que Pachuca y Mineral de la Reforma presentan mayores dificultades para la asignación de apoyos debido a sus menores niveles de rezago social en comparación con municipios como Huehuetla. Sin embargo, recalcó que la Sebiso identifica colonias con mayores carencias y realiza visitas de campo, entrevistas y verificaciones de vivienda para evaluar la vulnerabilidad de las personas solicitantes.
La legisladora cuestionó sobre los avances en la integración y desarrollo del Padrón Único de Beneficiarios (PUM) en Hidalgo, con el propósito de concentrar en una sola plataforma los programas sociales estatales y evitar la duplicidad en la entrega de apoyos.
El funcionario informó que la Sebiso realiza cruces de padrones con otras dependencias estatales, como Economía, Trabajo y Agricultura, antes de aprobar las solicitudes, con el fin de evitar duplicidades y permitir excepciones conforme a las reglas de operación. Reveló que los datos generales de las personas beneficiarias se publican trimestralmente en el portal de transparencia, mientras que la información personal sensible se mantiene bajo resguardo institucional.
El diputado Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) reconoció la importancia del programa de apoyo a personas cuidadoras y exhortó a fortalecerlo mediante una posible reasignación o ampliación presupuestal, debido a las necesidades económicas, físicas y emocionales que enfrentan las familias cuidadoras.
El titular destacó que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad brinda acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a familias cuidadoras, además de realizar seguimiento y verificaciones de campo para evaluar cada caso. Compartió que, de más de 6 mil solicitudes recibidas para el programa de personas cuidadoras, se revisaron más de 4 mil casos que cumplían con criterios de discapacidad y vulnerabilidad, pero únicamente fue posible beneficiar a 950 personas debido al presupuesto disponible.
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) cuestionó la distribución del presupuesto, particularmente la asignación de cerca de 140 millones de pesos al programa de verificación vehicular, frente a los recursos limitados destinados a personas cuidadoras, artesanos, migrantes y jóvenes. Asimismo, requirió conocer los criterios técnicos que justifican dicha distribución y la inclusión de ese programa en la dependencia. También planteó la posibilidad de reorganizar las atribuciones gubernamentales para que la Sebiso concentre programas de atención a personas con discapacidad que actualmente operan otras secretarías.
El secretario dijo que la Sebiso únicamente administra el subsidio de la verificación vehicular, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo se encarga de los demás aspectos del programa. Mencionó que los cerca de 140 millones de pesos fueron asignados tras una revisión con la Secretaría de Hacienda y permiten otorgar más de 300 mil apoyos para contribuir al combate de la contaminación. Respecto a la propuesta de reorganizar los programas dirigidos a pueblos indígenas y personas con discapacidad, indicó que se podría analizar una redistribución de atribuciones en coordinación con las secretarías involucradas.
La diputada solicitó conocer los criterios para ampliar y construir centros gerontológicos y casas de día en Hidalgo, así como los municipios que se priorizarán en los próximos años, considerando el crecimiento de la población adulta mayor y las necesidades de cada región. Además, preguntó si la Sebiso fue consultada sobre una iniciativa para crear un padrón de asociaciones civiles que atienden a personas con discapacidad, con el objetivo de verificar su legitimidad, evitar posibles abusos y garantizar que los apoyos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
El funcionario señaló que la dependencia propone incrementos presupuestales para sus programas, aunque la asignación final corresponde a la Secretaría de Hacienda y al proceso de aprobación legislativa. Respecto a los centros gerontológicos y casas de día, explicó que la construcción de nuevos espacios depende de que los municipios cuenten con terrenos escriturados a nombre del Gobierno estatal; informó que avanzan las obras de Huejutla y Zapotlán, además de realizarse rehabilitaciones en centros existentes. Indicó que la dependencia cuenta con un registro interno de asociaciones que atienden a personas con discapacidad y solicitó que se le haga llegar la iniciativa legislativa para elaborar la opinión técnica correspondiente.
La legisladora Orquídea Larragoiti Osorio (Morena) pidió simplificar los requisitos para acceder al apoyo destinado a la celebración del Xantolo, proponiendo que únicamente se solicite la credencial de elector, debido a que algunas personas no cuentan con todos los documentos requeridos.
El titular mencionó que los requisitos del programa de apoyo con cacao se mantienen principalmente por exigencias de auditoría y comprobación de los recursos públicos. Para facilitar el trámite, este año solo se solicita la credencial del INE, ya que la secretaría obtiene directamente la CURP. Además, se eliminó la solicitud individual y se permite una solicitud colectiva.
La diputada preguntó cuáles fueron los municipios de la Huasteca que más beneficiarios artesanos recibieron de los mil 425 apoyos otorgados. Asimismo, solicitó que la dependencia visite la comunidad de Itzócal, en Atlapexco, donde alrededor de 50 maestras artesanas están interesadas en acceder al programa, pero, pese a haberse registrado en varias ocasiones, no han sido seleccionadas.
El secretario manifestó que en la Huasteca se aprobaron prácticamente todas las solicitudes de apoyo artesanal, y que la mayor cantidad de beneficiarios se concentró en Huejutla, con 296 personas, y Tlanchinol, con 156 en la región. Por municipio, señaló que Atlapexco registró solo dos beneficiarios, mientras que Yahualica tuvo 57, Huautla 20, San Felipe Orizatlán 19 y Xochiatipan 12, entre otros.
La legisladora Diana Rangel Zúñiga (Morena) preguntó qué impacto económico medible han tenido los programas sociales en los municipios con mayor rezago social.
El funcionario dijo que la entrega directa de apoyos y tarjetas en cabeceras municipales y comunidades permite conocer los beneficios que perciben las familias. Aseguró que estos recursos contribuyen a reactivar la economía local, ya que se destinan al consumo de productos y servicios en cada región, favoreciendo la circulación del dinero dentro de las propias comunidades.
Participación ciudadana
En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía cuestionó cómo se garantiza que los apoyos lleguen primero a las personas más vulnerables, cuando algunas comunidades marginadas de la Sierra y la Huasteca enfrentan dificultades para inscribirse. Preguntó qué medidas se tomaron para corregir esta situación y cuántas personas siguen sin recibir apoyo por vivir en zonas alejadas.
El titular informó que en 2026 se registraron cerca de 200 mil solicitudes para los programas Bienestar y Desarrollo y Madres Trabajadoras, cuya capacidad conjunta es de aproximadamente 50 mil beneficiarios. Explicó que se habilitaron registros en línea y presenciales en 66 localidades prioritarias, y que se aplicaron criterios de focalización y priorización según el rezago social y la vulnerabilidad. Añadió que los apoyos llegaron a 2 mil 965 localidades y que se atendieron especialmente zonas con rezago persistente, aunque reconoció que el presupuesto no permite cubrir todas las solicitudes.
La sociedad también cuestionó que las personas rezagadas de los 84 municipios tuvieran que acudir a Pachuca en agosto para recoger sus tarjetas, lo que implicaba gastos de transporte y pérdida de tiempo para quienes viven en comunidades alejadas.
El secretario detalló que las reglas de operación permiten dos oportunidades para recoger las tarjetas y aseveró que se realizaron operativos en las cabeceras municipales y comunidades, incluso mediante visitas domiciliarias de los Servidores del Pueblo. Precisó que únicamente habitantes de aproximadamente 25 a 28 municipios cercanos a Pachuca acudieron a la capital, mientras que las tarjetas de las demás regiones se entregaron localmente. Indicó que se alcanzó una efectividad del 98% en la entrega de tarjetas y que el 2% restante correspondió a personas que no las recogieron por distintos motivos.
La ciudadanía solicitó aclarar el seguimiento y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, desde la emisión de cada tarjeta hasta la entrega de cada peso a las personas beneficiarias, así como el estado de las observaciones de auditoría y la contratación de la empresa Broxel.
El funcionario puntualizó que la observación de auditoría quedó solventada tras entregar la documentación faltante. Mencionó que la empresa fue seleccionada mediante un proceso de inscripción y licitación y que entregó las tarjetas personalizadas dentro del plazo establecido. Añadió que la secretaría, en coordinación con Hacienda, supervisa la dispersión de los recursos y reúne la documentación que acredita cada etapa: selección de beneficiarios, expedientes, entrega de tarjetas y transferencia de fondos. Confirmó que Broxel cumple con el contrato y que está pendiente recibir la trazabilidad final de la dispersión para completar la comprobación.
Finalmente, la sociedad requirió información sobre los resultados del programa de empleo juvenil: cuántos jóvenes conservan actualmente su empleo, cuánto ganan y cuántos volvieron a quedarse sin trabajo.
El titular explicó que el instituto encargado de la atención a las juventudes realiza seguimiento mediante talleres, foros, capacitaciones e informes sobre el uso de los recursos otorgados. Indicó que se revisa el aprovechamiento de los apoyos y que se da de baja del programa a quienes no cumplen con la entrega de sus informes.
